Los datos de enero sobre el desempleo en Salamanca (29.603 en total, 1751 sólo en el mes de enero), cerca de 200.000 en Castilla y León y más de 4 millones en el conjunto de España son tan preocupantes y poco esperanzadores que exigen una respuesta responsable y urgente de todas las administraciones y formaciones políticas para tratar de revertir esta situación.

En el caso de Salamanca los datos son especialmente graves, no tanto por el incremento del número de parados (casi 4000 en un año), sino por el importante número de autónomos que cesaron en su actividad (89 en el último mes), el registro más bajo de afiliaciones a la Seguridad Social (-1,88, lo que ha hecho que desde 2007, Salamanca ha perdido casi 10.000 afiliados), y la pérdida del 40,2 % de los pequeños comercios en sólo dos años tan sólo en la capital. Y  ante esta situación, el horizonte próximo no es nada halagüeño.

Estos datos son tan nefastos que nos deben obligar a replantear el modelo de política que se está haciendo desde las distintas administraciones. Porque es cierto que el gobierno central tiene su responsabilidad, pero la crisis no aparece de la nada, ni las políticas regionales y locales son inocentes. No hay que olvidar que las competencias en políticas activas de empleo corresponden a las Comunidades Autónomas, y que las administraciones locales también pueden hacer mucho si se marcan como objetivo básico la creación de empleo. Por eso es necesario abandonar la política de fastos hacia el exterior que tanto le gustan al grupo de gobierno municipal y centrarnos en políticas generadoras de empleo. Y aquí los Ayuntamientos tienen gran parte de responsabilidad: En primer lugar porque la política urbanística y de movilidad ha perjudicado gravemente y sigue perjudicando a los pequeños comerciantes y en segundo lugar, porque se han centrado más en acuerdos con grandes empresas y grandes superficies, frente a los pequeños empresarios y ciudadanos.

 Tras hacer un análisis de la deficitaria situación económica en la que se encuentra Salamanca se han de plantear alternativas y propuestas que permitan cambiar el panorama. La situación económica exige el mantenimiento de las prestaciones y ayudas al desempleo, pero también el reforzamiento de las ayudas sociales que se prestan desde las corporaciones locales, sin dejarlas exclusivamente en manos de las ONGs. Pero también llevar a la práctica el principio de que el objetivo prioritario es crear empleo y, en este sentido, la creación de nuevo empleo no puede estar en el turismo y el sector servicios, sino en la industria, la logística, la economía productiva sostenible, el desarrollo de la ley de la dependencia, etc. Todo ello, exige emprender una reorganización regional, pero especialmente provincial, de la Formación Profesional que proporcione una formación inicial adecuada para las nuevas necesidades del mercado laboral. 

Antonio Moreno e Isabel Vicario

E-mail recibido en director@bejarfm.com, y reproducido íntegramente, firmado por Antonio Moreno e Isabel Vicario.